La semana pasada fue corta pero intensa. La publicación de inflación de marzo en 4.7% mensual fue el preludio de
anuncios en varios frentes. En lo monetario, se reforzó el sesgo contractivo
del programa al congelar piso y techo de
la zona de no intervención cambiaria (ZNI) en los niveles actuales hasta
fin de año y descartarse la compra de reservas hasta el 30 de junio. En lo que
refiere a inflación, se anunció un acuerdo
de 60 precios esenciales por 180 días (una especie de Precios Cuidados recargado),
mientras que el gobierno nacional no
dispondrá nuevos aumentos de electricidad, gas y transporte en lo que resta del
año.
En nuestra opinión, la nueva ronda de apretón monetario no aliviará la
volatilidad cambiaria en el corto plazo, aunque obviamente sí reduce la ventana
de tiempo necesaria hasta que el BCRA pueda intervenir en el mercado cambiario.
Los controles de precios deben ser vistos más como un anuncio electoral que
medidas económicas anti inflacionarias, mientras que la pausa en los ajustes de
tarifas intenta mitigar la persistencia de la inflación núcleo.
Veamos cada punto:
ü Programa monetario: se congelaron las ZNI en el nivel actual (piso de 39.75 y techo de
51.45) hasta fin de año. Además, se
confirmó que hasta el 30 de junio aunque se perfore el piso de 39.75 no se comprarán divisas.
La primera implicancia es que continuará la volatilidad en el mercado cambiario, dado que con
incertidumbre política en aumento los US$ 60 millones diarios de subastas del Tesoro y el pico estacional
de oferta de dólares del agro estimados en US$ 75 millones diarios pueden resultar insuficientes para atenuarla.
Sin embargo, al reducir la ventana de
volatilidad con el congelamiento de la ZNI se intenta inducir en las
expectativas de depreciación, y
a través de ellas, en las expectativas de inflación. “Atarse las manos para no comprar reservas” sirve para reforzar
el compromiso de mantener la base monetaria sin cambios, aunque la probabilidad de ese escenario
luce más bien baja.
ü Precios esenciales: el impacto material del acuerdo de precios es muy limitado, ya que
barre el 2% de los precios de la canasta
relevada por el INDEC. Históricamente el control de precios no ha dado resultado y no hay motivos para creer
que esta vez será diferente. Dada la persistencia de la inflación frente a condiciones monetarias muy restrictivas y la
preocupación de los ciudadanos, el anuncio
tiene un perfil más bien electoral.
ü Freno a la suba de tarifas: el Gobierno Nacional no dispondrá de nuevos aumentos de tarifas de electricidad, gas y transporte público
para las familias en lo que resta de año. Los dos aumentos en electricidad residencial que estaban anunciados
para el resto de 2019 serán absorbidos
por el Estado Nacional. El aumento del gas escalonado en tres meses (10% en
abril, 9% en mayo y 8% en junio)
será el último del año. No habrá más aumentos en colectivos, trenes y peajes nacionales. Todos estos anuncios
corresponden sólo a los tramos que dependen del Gobierno Nacional, es decir, no involucra a la
distribución de gas y electricidad y al transporte que dependan de provincias o municipios, que es probable registren
algunos ajustes.
El gobierno estimó el costo
fiscal de todos los anuncios en unos AR$ 9,000 millones, que provendrán de
ajustes presupuestarios y mejoras recaudatorias producto de la mayor inflación.
En suma, el paquete de medidas muestra
al gobierno ocupado en gestionar la coyuntura pero no afecta el fondo de la
cuestión: la desconfianza en el corto plazo ante la creciente incertidumbre
política.
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