El 2019 será el primer año electoral recesivo desde la crisis de 2009, y
el primero también en el que el consumo privado llegue a octubre por debajo de
sus niveles del año previo. Esta vez, la coyuntura económica difícilmente sea
el eje de campaña del oficialismo, sino que se
convertirá más bien en un obstáculo que deberá sortear en su camino hacia la
reelección. No descartamos que, para ello, el gobierno antes de las elecciones
decida estimular la actividad y el consumo aún bajo la posibilidad de desviarse
del cumplimiento de metas acordadas con el FMI para este año.
La actividad económica va a llegar a las PASO de agosto tras dos
registros trimestrales modestos: un crecimiento prácticamente nulo en el primer
trimestre y apenas mejor en el segundo, aunque apuntalado casi exclusivamente
por la cosecha. Muy lejos de las subas trimestrales registradas en
las últimas tres elecciones con victorias oficialistas: en las presidenciales
de 2007 el PBI creció 2.4% y 2.2% en el primer y segundo trimestre
respectivamente, en las de 2011 creció 2.4% y 0.9%, y en las últimas elecciones
legislativas de 2017 creció 0.4% y 1.3%. El escenario es más parecido al de
2013, cuando se registró una caída de 0.1% en el primer trimestre y un alza de
0.7% en el segundo.
Más allá de la actividad
económica general, tal vez el indicador
monitoreado más de cerca en los años electorales es el consumo privado. En
los años electorales, es usual observar
políticas fiscales o monetarias expansivas, planes de facilidades de pagos,
préstamos a tasas subsidiadas, u otras políticas de ingreso para incentivar el
consumo. Por ejemplo, en 2007, 2011 y 2015 el gasto primario a PBI se
incrementó en 1.9, 3.2 y 1.7 puntos porcentuales, respectivamente. O bien, como
reflejo de una política monetaria expansiva, en 2007 y 2015 el crédito al
consumo creció 0.7 puntos del PBI.
Pero este año, la política fiscal contractiva adoptada en el marco del
acuerdo con el FMI llevará a que el gasto primario caiga en torno a 1.5 puntos
del PBI, mientras que la tasa de interés de referencia
seguramente se mantendrá por encima del 50% durante prácticamente todo el año y
el crédito al consumo caerá en un año
electoral por primera vez desde 2003 cerca de 1.5 puntos del PBI.
Los salarios reales tampoco jugarán a favor del consumo privado: la fuerte aceleración de la inflación en lo que va del año retrasó su repunte mensual hasta el
segundo semestre y recién comenzarán a registrar subas interanuales a fin de
año. En promedio los salarios reales caerán en torno a 7% en todo el año,
bastante por encima de la caída de 0.5% de 2009, la última registrada en un año
electoral. Por el contrario, los salarios le ganaron ampliamente a la inflación
en 2007, 2011, 2013, 2015 y 2017.
Por otro lado, el tipo de cambio real, que suele apreciarse en años
electorales incrementando el poder de compra en dólares de los consumidores, se
mantendrá en niveles similares a los de diciembre del año pasado. El escenario
será muy diferente al de 2007, 2011 o 2015 (este
último con tipo de cambio paralelo), cuando la apreciación real acumulada entre
enero y septiembre de cada año alcanzó el 3.3%, 11.5% y 3.0%, respectivamente.
En este contexto, se espera que el consumo llegue a octubre un 5% por
debajo de sus niveles de un año atrás, mostrando todavía debilidad en su
trayectoria trimestral. La inversión tampoco llegará a octubre con el pie
derecho. La inestabilidad cambiaria y la disparada del riesgo
país frenaron la mayoría de los nuevos proyectos (en particular, PPPs), por lo
que la inversión también caerá en un año
electoral por primera vez desde 2009, cuando el riesgo país promedió unos
1,200 puntos básicos.
En síntesis, la coyuntura económica es más bien parecida a la de 2013 y
con algunos números acercándose incluso a los de 2009, años de elecciones de
medio término en los que la oposición ganó fuerza en el Congreso. En lugar de apuntar a la coyuntura, el gobierno deberá entonces apelar
a la mejora de los fundamentals
(avances hacia la consolidación fiscal, mejora en las cuentas externas, precios
relativos más sostenibles, etc.), cuyos beneficios constituyen los “cimientos”
de la economía a pesar de que aún no se perciben como tales, o bien apelar a
otros factores extra-económicos para lograr convencer al electorado.
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