El impuesto a los consumos en dólares con tarjeta

El proyecto de ley de emergencia económica que se enviará al Congreso hoy consideraría un gravamen del 30% sobre los consumos en dólares realizados a través de tarjetas. No sería una percepción con pago a cuenta de otros tributos, sino simplemente un nuevo impuesto sobre consumos de turismo, pero también sobre servicios contratados con plataformas globales que se paguen con tarjeta. La motivación de la medida es doble, por un lado ahorrar divisas, por el otro lado, mejorar la recaudación.

El efecto sobre la recaudación y el ahorro de divisas dependerá crucialmente de la elasticidad del consumo registrado. Sin caída del consumo, la recaudación podría aumentar unos US$ 3,000 millones por año, equivalente a 0.7% del PBI. No obstante, creemos que el consumo registrado caerá en forma significativa, de modo que el efecto final sobre la recaudación sería bastante menor, de unos US$ 1,200 millones anuales, equivalente a 0.3% del PBI.

Veamos los puntos del análisis:

ü  Magnitudes involucradas: la balanza cambiara del MULC arrojó durante 2019 un consumo de turismo y tarjetas en el exterior que promedió US$ 650 millones mensuales, que serían unos US$ 8,000 millones anuales (antes del efecto del impuesto). A título ilustrativo, el comparable en 2017 antes de la crisis cambiaria fueron US$ 12,600 millones anuales.

ü  Algunos ítems de consumo no pueden concretarse si no es con tarjeta, como lo es la emisión de pasajes. Para los demás ítems, consideramos que hay una alta elasticidad ya que el efectivo es un sustituto válido. Siempre que la brecha con el dólar oficial lo justifique, habrá consumidores que eludirán el impuesto comprando dólar blue. Nuestra estimación es que la base imponible efectiva del impuesto será del 50% de la base teórica, es decir, que alcanzará unos US$ 4,000 millones por año.

ü  Bajo el supuesto de elasticidad que mencionamos, el efecto en recaudación sería de US$ 1,200 millones, un 0.3% del PBI, que surgen de la base imponible de US$ 4,000 millones y de una alícuota de impuesto de 30%.

ü  La otra cara de la pérdida de recaudación por sustitución de esos consumos es el ahorro de divisas que logra el Banco Central. Bajo dichos supuestos, la medida disuade demanda de divisas por unos US$ 4,000 millones anuales, que probablemente sean incorporados a las reservas internacionales cuando la emisión de base monetaria por señoreaje genere los pesos para comprar ese exceso de dólares en el MULC.

Como ocurre siempre en Argentina, la urgencia fiscal lleva a la introducción de impuestos que se conciben como temporarios y excepcionales, pero que luego se perpetúan. La suba de impuestos no nos sorprende porque está en línea con el mensaje que viene dando el nuevo gobierno. Hay que tener en cuenta que además del efecto en recaudación y en reservas que ya mencionamos, el impuesto funciona como un arancel a la importación y que hay algunos sectores “protegidos” como lo es el turismo local, que se verán beneficiados y que muy probablemente incrementen su rentabilidad. Entre los sectores por ahora perjudicados, aparecen algunos exportadores, como el sector del software, y otros sectores que pagan abonos al exterior. También, que la medida tendrá un impacto inmediato en el dólar blue ya que los consumos que pueden realizarse con efectivo serán una fuente de demanda de dólares en ese segmento.

Qué esperar del gabinete

Alberto Fernández cumplió con su promesa y dio a conocer el viernes pasado a las primeras líneas que lo acompañarán en el comienzo de su gestión. Falta mucho por develarse aún, pero a modo preliminar puede concluirse que los puestos clave en el Banco Central (Miguel Angel Pesce), Cancillería (Felipe Solá) y Hacienda (Martin Guzmán) tienen más impronta de Alberto que de Cristina y eso trajo algo de alivio al mercado. 

A la espera de más definiciones, la más inminente es la de las segundas líneas, que no es un tema menor. Si los designados a las espaldas de Pesce, Guzmán y Solá no funcionan como marcadores centrales respondiendo a otros sectores de la coalición, se confirmará la autonomía de Alberto en estos puntos neurálgicos y eso será nuevamente leído como una buena noticia. Además, si se anunciaran funcionarios experimentados en las segundas líneas (especialmente en Hacienda), se agregaría mucho valor a la administración de la crisis, especialmente cuando el tiempo es tan escaso como ocurre hoy en día. Tampoco se dieron a conocer aún los directores de otros organismos importantes, como la CNV y el Banco Nación, entre otros.

Luego de anunciado el gabinete completo, la lista de temas por aclarar durante el verano continúa:  

ü  La construcción de un programa fiscal con disciplina de mediano plazo que lleve a un superávit, pero que no ahogue y permita la reactivación de la economía es la columna vertebral de cualquier propuesta a acreedores.  Esto requiere aprobación del Congreso, así que es difícil tener algo concreto antes de fin de año.

ü  El avance en el diseño de un nuevo programa con el FMI, es sin dudas para nosotros otro foco de atención, ya que el FMI es el acreedor principal y privilegiado, y su palabra como experto en temas fiscales es fundamental para el resto de los acreedores.

ü  Las negociaciones por la deuda, en momentos en que Argentina enfrenta una situación crítica en términos de reservas internacionales y restricción de crédito. Priorizar el pago de la deuda con ley extranjera o simplemente interrumpir los pagos de toda la deuda son alternativas, pero no todas tienen el mismo grado de disrupción.

ü  El nuevo marco para la política monetaria, que ya se percibe como menos restrictiva y muy probablemente se acomode a lo fiscal, que nuevamente dominará el escenario.

Como puede observarse, todavía son más los interrogantes que las respuestas. Sin embargo, la salida de la crisis será paso a paso, y la conformación del gabinete de Alberto Fernández (al menos en lo que a economía y finanzas concierne) ha resultado en línea con las expectativas, si es que no las ha superado levemente. 

Los escalones de la inflación

La inflación en Argentina es endémica. Desde hace ya más de 15 años que lidiamos con una inflación que sube en “escalones”, pasando de un escalón que promedió el 10% en 2003-06, al 20% en 2007-13, al 30% en 2014-17 y ahora al 50% en la ventana 2018-20. Las últimas proyecciones para noviembre apuntan a un nuevo repique hacia la zona del 4% al 5% mensual, lo que trae nuevamente el problema de cómo anticipar esta variable que parece indomable y condiciona tanto el clima de negocios.

Nuestra opinión es que la inflación depende fundamentalmente de factores macroeconómicos, aunque a veces los factores microeconómicos pueden tener un rol destacable. El escenario más probable el año próximo es que la inflación se mantenga en torno al 50% anual, si el gobierno opta por preservar ciertos fundamentos macroeconómicos. Si esto no sucede, en algún momento la inflación podrá saltar otro escalón y apuntar hacia al 90% anual, aún si se priorizan mecanismos microeconómicos de contención de precios, que si bien transitoriamente a corto plazo podrían tener cierta efectividad, históricamente siempre han fracasado.

Factores macroeconómicos que apuntan a una inflación acelerando:

ü  Emisión monetaria: el gobierno necesita en diciembre unos AR$ 270 mil millones para cubrir el déficit primario -alto por aguinaldos y otros gastos- y los pagos de las letras en pesos. Dado que no hay caja ni crédito, habrá que emitir pesos. Pero hay otros factores, como la compra de reservas, que juntos harán crecer la base monetaria más de 30% en pocos meses. Si bien la demanda de dinero crece a fin de año, luego cae y si para entonces no se reabsorben los pesos, podría haber un rebrote inflacionario.

ü  Tarifas, subsidios y déficit: la depreciación del peso llevó al gobierno de Macri a atrasar tarifas en los últimos meses. El próximo gobierno deberá decidir si retoma los ajustes tarifarios (malo para la inflación a corto plazo) o si regresan los subsidios (malo para el resultado fiscal). La frazada es corta y el factor tarifas va a tener un impacto inflacionario (resta saber por cuánto) al inicio del próximo gobierno.

ü  Anclaje nominal del tipo de cambio oficial: la estabilización del mercado cambiario en la transición está basada en un cepo muy duro. El tipo de cambio real actual es competitivo para el comercio, pero creemos no hay demasiado espacio para atrasarlo y usarlo ancla antiinflacionaria como en otros tiempos, en parte porque justamente se parte de niveles de inflación en el rango del 4% al 5% mensual.

Factores microeconómicos que el próximo gobierno utilizaría para contener inflación:

ü  Suba de retenciones a las exportaciones de alimentos: especialmente a productos de la canasta alimentaria, como carnes y harinas. Además del efecto recaudatorio, las retenciones bajan el precio doméstico de los alimentos, lo que inicialmente contribuye a mitigar la inflación.

ü  Acuerdo de precios y salarios: una promesa de campaña fue un aumento de salarios y jubilaciones, seguido de un acuerdo de precios. La intervención del Estado coordinando precios puede tener efectos transitorios y ayudar a moderar expectativas, pero si no es acompañada de prudencia en el plano macro está condenada a fracasar, porque los incentivos a salir del acuerdo serán muy fuertes.

Las decisiones del próximo gobierno van a condicionar el nivel de inflación de los próximos años. Para continuar en el escalón del 50% anual es necesario que los fundamentos macroeconómicos acompañen a las medidas microeconómicas. Un crecimiento ordenado de la base monetaria y una administración cuidadosa de la tensión entre subsidios y tarifas son clave. Si el gobierno opta por luchar contra la inflación exclusivamente con herramientas microeconómicas es muy probable que la inflación salte a un escalón más alto.