Qué hacer para cumplir la meta fiscal del año próximo

Este año el Gobierno Nacional seguramente cumplirá con la meta fiscal que estipula un déficit primario de 4.2% del PBI. No obstante, la meta del año próximo establece un déficit de 3.2% y es mucho más exigente. Recortando subsidios y otros gastos creemos es posible cumplirla, aunque no será fácil.

Un resultado favorable al Gobierno en las elecciones de Octubre le dará un mayor margen para tomar las medidas necesarias para cumplir con la meta fiscal de 2018.

¿Cómo se modificarán los ingresos y gastos fiscales el año próximo? ¿Cuánto debe el Gobierno ajustar las tarifas de los servicios públicos para bajar los subsidios económicos lo suficiente para acercarse a cumplir la meta? ¿Cuánto más deben recortarse otros gastos? Veamos:

Los ingresos fiscales el año próximo bajarían apenas 0.1 puntos del PBI:

- En 2018 no habrá ingresos por el blanqueo, que este año aportaron 0.4 puntos del PBI.

- El revalúo contable que se incluirá en el Presupuesto 2018 podría aportar 0.2 puntos. Si bien hay más optimismo en cuanto a la adhesión y los recursos que podría generar, es mejor ser cauto. La Ley de Revalúo Fiscal apuntará a sincerar balances con bienes hoy valuados al precio de compra y que son muy inferiores al valor actual.

- La devolución del 15% de la Coparticipación a las provincias significará una pérdida de recursos fiscales de 0.2 puntos del PBI para el Gobierno Nacional en 2018.

- El crecimiento del PBI el año próximo podría elevar los ingresos fiscales 0.3 puntos.

- La reforma tributaria inicialmente tendría un efecto neutro sobre la recaudación fiscal.

Los gastos primarios entonces deberían bajar 1.1 puntos del PBI para cumplir la meta del 3.2%:

- Ajustes pendientes por la "reparación histórica" elevarían las jubilaciones en 0.3 puntos. Esto no incluye los pagos retroactivos, que van "debajo de la línea". Por otra parte, por "ley de movilidad" las jubilaciones en general aumentarían 22% anual y quedarían estables a PBI.

- Gastos de 2018 adelantados a fin de año y aumento de la deuda flotante podrían aportar 0.2 puntos adicionales. Podría haber holgura a fin de año para adelantar gastos, mientras que el año próximo habría espacio para elevar un poco más la deuda flotante.

- Las tarifas de luz, gas y transporte público deberían aumentar cada una 60% anual en promedio para generar un ahorro en subsidios cercano a 0.8 puntos del PBI.

- Sería necesario además recortar gastos por un monto equivalente a 0.4 puntos del PBI. Si bien creemos que los salarios públicos crecerán bastante en línea con la inflación, no parece inalcanzable un recorte en los gastos discrecionales de 0.4 puntos. Incluso, la inflación anual promedio de 15% proyectada en el Presupuesto puede ayudar a controlar estos gastos.

El largo camino hacia el Investment Grade

La primera calificación de deuda soberana de la historia se realizó casi 100 años atrás. En marzo de 1918 el Bono Soberano 1920 de Argentina fue calificado con una A por Standard & Poor's. Tras la gran depresión de los años 30, Argentina nunca volvió a ser calificada como Investment Grade (IG). Recuperar esa categoría no será fácil ni inmediato.

En la región, actualmente Chile, Perú, México, Colombia y Uruguay son calificadas como IG. Estas economías han mostrado a lo largo de los años bastante estabilidad en sus políticas económicas, respeto por las reglas de juego, niveles de deuda manejables, déficit fiscales moderados, una robusta posición de reservas internacionales y estabilidad en sus tasas de crecimiento económico, entre otros atributos. Por lo general, las calificadoras corren detrás de los acontecimientos, y "extienden" el certificado de IG tras varios años de "buena conducta".

No será fácil y aún en el mejor de los casos le tomará varios años a Argentina convertirse en IG. Antes, habrá que hilar algunos años de crecimiento sostenido, acumular reservas internacionales, reducir el déficit fiscal y la inflación y seguramente validar en las urnas la "irreversibilidad" de las políticas económicas (lo que no significa que deba haber continuidad del Gobierno). Tomando en cuenta las mejoras y rebajas de notas crediticias de los últimos años, las calificadoras le otorgan mucha importancia a la robustez de las posiciones fiscales y externas de las economías.

La calificación de IG es sobre todo una consecuencia de determinadas políticas y resultados económicos. No obstante, pertenecer "al club" tiene sus privilegios, sobre todo evaluando el comportamiento de la inversión extranjera directa (IED), que involucran compromisos de largo plazo de no residentes con el país. Las experiencias históricas de Brasil y Colombia, por ejemplo, muestran que la IED se duplicó o más tras la obtención de la "membresía".

Aún tras la reciente mejora en la calificación, y a contramano de varios recortes en las notas regionales (Chile y Venezuela recientemente, Brasil hace unos años, quizás próximamente Colombia), la calificación de Argentina (B) se encuentra 5 escalones por debajo del IG (BBB- o más). Es probable que en 2018 suba un escalón más (a B+) y siendo optimistas otro más en 2019 (a BB-). Quedarían pendientes tres escalones más para alcanzar el IG, lo que podría ocurrir recién durante el próximo mandato presidencial (2019-23), incluso aún con un cambio en la bandera política del gobierno, en línea con otras experiencias de la región. 

La inestabilidad política en Brasil no impide las reformas

A pesar de la baja popularidad del gobierno de Temer, y de la fragilidad política de las alianzas que le dan sustento, en el último año Brasil ha avanzado con muchas reformas pro mercado, como topes al gasto público y una mayor flexibilización laboral, mientras actualmente se discuten una reforma previsional y un paquete de privatizaciones.  

La crisis política que atraviesa Brasil no sólo no afectó materialmente la lenta recuperación económica sino que actuó como catalizador para acelerar y concretar importantes reformas estructurales. En efecto, el sistema político brasileño se ha mostrado hasta ahora bastante permeable a las iniciativas de Temer, en tanto a toda costa quiere evitar una elección presidencial anticipada e impredecible. Mientras tanto, la actividad económica e industrial y la confianza se recuperan, la inflación disminuye y, al ubicarse dentro de la meta, permite relajar la política monetaria.

Las reformas en Brasil son una muy buena noticia para Argentina, aunque también le ponen presión a la agenda local de cambios. Ayudan a mejorar las perspectivas económicas de Brasil y a revivir el apetito de los inversores por sus activos financieros, lo que es positivo para Argentina, en el plano real como financiero. No obstante, también representan una amenaza a la competitividad argentina y hacen más urgente avanzar con la agenda local de reformas.

La lista de reformas aprobadas o actualmente bajo discusión:

·         Límites al gasto público (aprobada en diciembre): el aumento anual del gasto público quedó limitado en los próximos 20 años a la tasa de inflación del ejercicio anterior. Este tope al gasto era indispensable para asegurar la sostenibilidad fiscal de largo plazo.

·         Reforma laboral (aprobada en julio): se modificó la legislación laboral en más de cien puntos. Se destaca la prevalencia de las negociaciones y acuerdos privados entre empresas y trabajadores por sobre la ley, limitando el poder de los tribunales y de los acuerdos colectivos. Se pusieron condiciones más estrictas para los litigios laborales, se facilitaron los contratos por tiempo determinado y la tercerización y se relajaron las condiciones para despedir e indemnizar. A su vez, la contribución sindical, equivalente a un día de salario al año, pasó a ser voluntaria, mientras que las empresas desde ahora pueden negociar con una comisión no sindical de representantes de los trabajadores.

·         Reforma previsional (en trámite parlamentario): la propuesta está a la espera de un mayor consenso político y es fundamental para que el gobierno pueda cumplir a mediano plazo con el tope constitucional al gasto. Involucra subir la edad jubilatoria de 62 a 65 años, un mínimo de 25 años de aportes y la prohibición de acumular otra prestación social, como una pensión, entre otros puntos.

·         Redefinición del BNDES (en trámite parlamentario): el gobierno pretende que el financiamiento para infraestructura que otorga el BNDES tome como referencia a la curva de tasas de la tesorería, en tanto hasta ahora el tesoro brasileño se hacía cargo de subsidiar cualquier diferencia.

·         Paquete de privatizaciones y concesiones (recién anunciado): es un plan para privatizar 58 activos públicos (empresas eléctricas, aeropuertos, puertos y autopistas) y crear concesiones mineras y petroleras buscando obtener recursos fiscales por US$ 14 mil millones. Apunta a mejorar la delicada posición fiscal de Brasil. La meta fiscal para este año es de un déficit primario de 2.1% del PBI, pero es probable que no la cumplan a pesar de haberla relajado meses atrás y de un reciente aumento del impuesto a los combustibles.