El proyecto de ley
de emergencia económica que se enviará al Congreso hoy consideraría un gravamen del 30% sobre los consumos en
dólares realizados a través de
tarjetas. No sería una percepción con pago a cuenta de otros tributos, sino
simplemente un nuevo impuesto sobre
consumos de turismo, pero también sobre servicios contratados con plataformas
globales que se paguen con tarjeta. La motivación de la medida es doble,
por un lado ahorrar divisas, por el otro lado, mejorar la recaudación.
El efecto sobre la recaudación y el ahorro de
divisas dependerá crucialmente de la elasticidad del consumo registrado. Sin caída del consumo, la recaudación podría
aumentar unos US$ 3,000 millones por año, equivalente a 0.7% del PBI. No
obstante, creemos que el consumo registrado
caerá en forma significativa, de modo que el efecto final sobre la recaudación
sería bastante menor, de unos US$ 1,200 millones anuales, equivalente a 0.3%
del PBI.
Veamos los puntos
del análisis:
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Magnitudes involucradas: la balanza cambiara del MULC arrojó durante
2019 un consumo de turismo y tarjetas en el exterior que promedió US$ 650
millones mensuales, que serían unos US$
8,000 millones anuales (antes del efecto del impuesto). A título
ilustrativo, el comparable en 2017 antes de la crisis cambiaria fueron US$
12,600 millones anuales.
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Algunos
ítems de consumo no pueden concretarse si no es con tarjeta, como lo es la
emisión de pasajes. Para los demás ítems, consideramos
que hay una alta elasticidad ya que el efectivo es un sustituto válido. Siempre
que la brecha con el dólar oficial lo justifique, habrá consumidores que
eludirán el impuesto comprando dólar blue. Nuestra estimación es que la base
imponible efectiva del impuesto será del 50% de la base teórica, es decir, que
alcanzará unos US$ 4,000 millones por año.
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Bajo
el supuesto de elasticidad que mencionamos, el efecto en recaudación sería de US$ 1,200 millones, un 0.3% del PBI,
que surgen de la base imponible de US$ 4,000 millones y de una alícuota de
impuesto de 30%.
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La otra cara de la pérdida de recaudación por
sustitución de esos consumos es el ahorro de divisas que logra el Banco
Central. Bajo dichos
supuestos, la medida disuade demanda de
divisas por unos US$ 4,000 millones anuales, que probablemente sean incorporados
a las reservas internacionales cuando la emisión de base monetaria por
señoreaje genere los pesos para comprar ese exceso de dólares en el MULC.
Como ocurre siempre en Argentina, la urgencia
fiscal lleva a la introducción de impuestos que se conciben como temporarios y
excepcionales, pero que luego se perpetúan. La suba de impuestos no nos sorprende porque está en
línea con el mensaje que viene dando el nuevo gobierno. Hay que tener en cuenta
que además del efecto en recaudación y en reservas que ya mencionamos, el
impuesto funciona como un arancel a la importación y que hay algunos sectores
“protegidos” como lo es el turismo local, que se verán beneficiados y que muy
probablemente incrementen su rentabilidad. Entre los sectores por ahora
perjudicados, aparecen algunos exportadores, como el sector del software, y
otros sectores que pagan abonos al exterior. También, que la medida tendrá un
impacto inmediato en el dólar blue ya que los consumos que pueden realizarse
con efectivo serán una fuente de demanda de dólares en ese segmento.
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