Estamos viviendo circunstancias
extraordinarias, en el que los esfuerzos por combatir la pandemia ponen en
jaque a la economía, especialmente a sectores que se han visto forzados
a prácticamente cerrar su actividad como el comercio minorista, la industria
del entretenimiento y la construcción entre otros, que son mano de obra
intensivos.
Los desafíos para limitar el impacto de la
crisis son enormes, y la mayor parte de los países están
implementando políticas de estímulo a nivel monetario y fiscal que exceden las
que se utilizaron para combatir la crisis financiera del 2008.
El principal riesgo es que enfrentemos una
nueva gran depresión debido a que muchas empresas (especialmente las
pymes) no puedan realizar normalmente sus pagos de sueldos, alquileres,
impuestos, etc; que los trabajadores vean desplomarse sus ingresos con el
impacto social que eso tiene, y que se rompa la cadena de pagos.
El gobierno ha tomado una actitud activa,
tanto para frenar el contagio como para aliviar el costo económico de la
crisis. Las principales medidas son las
siguientes:
ü En
empleo, se eximirá del pago de contribuciones patronales a los sectores más
afectados, como esparcimiento o turismo. Habrá
un refuerzo para seguro de desempleo y el gobierno pagará una parte de los
sueldos en los programas de reconversión productiva
ü En
obra pública, se incrementó en AR$ 100 mil millones el presupuesto para obra
pública y se relanzó el programa Procrear para construcción y refacción.
ü En
asistencia financiera, se habilitó una línea de créditos blandos
de hasta AR$ 350 mil millones que los bancos otorgarán a PyMEs para capital de
trabajo en plazos de hasta 180 días y con tasas del 24%. El costo va a ser absorbido por los bancos, pero tendrán como
compensación parcial una baja de encajes.
Además, los vencimientos de tarjetas de crédito y de préstamos que
ocurran hasta el 31 de marzo, serán automáticamente prorrogados.
ü Se
anunciaron subsidios también para los trabajadores de menores ingresos. La cobertura se dará a través del Ingreso
Familiar de Emergencia, que asignará AR$ 10,000 en abril a monotributistas
de las categorías A y B, monotributistas sociales, trabajadores de casas
particulares y trabajadores informales que no tengan otro ingreso
familiar. Se estima un alcance de
3,600,000 trabajadores con un costo fiscal de AR$ 36 mil millones.
Las medidas, que tendrán un costo fiscal de
cerca de 1.3 puntos del PBI, van en la dirección correcta. A pesar de este
esfuerzo, es difícil saber si las medidas van a alcanzar para aliviar a muchas
de las pymes que tienen un acceso muy limitado al crédito, a cuentapropistas y
trabajadores que hoy no están en el radar del estado, y si se podrá evitar una
rotura de la cadena de pagos.
En la Argentina, las políticas de estímulo
tienen riesgos adicionales, porque se financiarán enteramente con emisión
monetaria, ya que el país no tiene acceso al crédito, y por ende aparece un riesgo
inflacionario. Sin embargo, dada
la magnitud de la amenaza sobre la actividad económica y sobre los ingresos de
la población, es un riesgo que hay que aceptar.
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