Tras las PASO, el gobierno decidió frenar los ajustes
tarifarios previstos para el resto del año y congelar el precio de las
naftas y del resto de los combustibles por 90 días. Estas medidas se tomaron para atenuar en el corto plazo la
aceleración inflacionaria derivada de la devaluación del 30% que siguió al
resultado electoral. Sin este
congelamiento, la inflación actual sería aún mayor.
No obstante, la magnitud
del rezago tarifario que se irá
acumulando hasta fin de año ante la suba del dólar y los precios locales
representa un desafío para todo el esquema de política económica del próximo
gobierno, en tanto plantea dilemas en materia inflacionaria, fiscal y
productiva.
En órdenes de magnitud, el rezago tarifario acumulado estos meses
equivaldría a un punto anual del PBI y desandaría la mitad del ahorro fiscal
anual de dos puntos generado a partir de los aumentos tarifarios dados entre
2016 y 2018, que permitieron bajar los subsidios fiscales desde 4 puntos
del PBI en 2015 a 2 puntos en 2018 (incluyendo gas, electricidad y transporte).
La
política energética del próximo gobierno es un gran interrogante, pero plantea
dilemas a todo el esquema de política económica.
Si el año próximo las tarifas suben en
línea con la inflación, lo que a priori luce políticamente desafiante ante
la delicada situación económica y social actual, los subsidios fiscales entonces deberían crecer alrededor de un punto
del PBI para compensar a productores y generadores del retraso tarifario post
PASO (lo que llevaría los subsidios a 3 puntos del PBI en 2020). Aunque por
supuesto está la posibilidad de que el gobierno decida no compensarlos o
hacerlo apenas parcialmente, a riesgo de desalentar el suministro y las
inversiones.
En
este punto es donde se destaca Vaca Muerta, sector estratégico que requiere
reglas estables y claras para desarrollarse y generar las
divisas que la economía precisa para importar y poder expandirse en los
próximos años. En el caso del shale oil,
el potencial exportador en los próximos cinco años es de unos USD 20 mil
millones anuales, pero esto requiere que las actuales inversiones no se
detengan. El reciente congelamiento
decretado generó una brecha de 30% entre el precio del barril local y el
internacional. Bajo estas condiciones, el desarrollo de Vaca Muerta es
inviable.
Es muy probable que esta
situación cambie el año próximo y el sector petrolero vuelva a operar en un
entorno más favorable para las inversiones y la exportación, en tanto su desarrollo es estratégico.
Sin una compensación fiscal mediante -que haría crecer el peso de los
subsidios-, esta corrección tendría un impacto inflacionario durante la primera
mitad del año, en tanto implicaría un aumento real en el precio de la nafta,
que hasta ahora también acumula un atraso del 30%.
Distinta sería la situación
para el gas y las generadoras eléctricas, en tanto actualmente hay un exceso de oferta en
ambos sectores, que ante la falta de infraestructura no puede canalizarse a la
exportación. En este marco, no es descabellado que el año próximo el congelamiento tarifario se prolongue -al menos
parcialmente- en el caso del gas, electricidad y transporte público. Esto
ayudaría a seguir atenuando la inflación aunque le sumaría aún más presión a
los subsidios y las cuentas fiscales, si bien el gobierno podría optar que
los productores tomen parte de las pérdidas a riesgo de afectar el suministro y
las inversiones. Dilemas que le aguardan al próximo gobierno.
Hasta ahora, el impacto fiscal
del congelamiento es acotado en la caja, ya que el gobierno está compensando
poco y nada a los productores. En el caso del petróleo, y a cambio de desistir la
vía judicial, el gobierno ofreció casi AR$ 2 mil millones por mes -para
compensar a las petroleras y en menor medida a las provincias por la menor
recaudación-, que a los precios actuales (USD 59 Brent vs USD 46 barril local)
compensa apenas el 20% del atraso generado.
En síntesis, el congelamiento
tarifario trae alivio a corto plazo, aunque a mediano plazo le pone presión a
la inflación y las cuentas fiscales. Es muy probable que el año próximo los
subsidios a PBI vuelvan a crecer y que los ajustes tarifarios que finalmente se
realicen le aporten a la inflación un componente que hasta ahora ha estado
ausente desde el congelamiento. Si a esto se le suma la posibilidad de volver a
emitir dinero y cobrar el señoreaje, se hace cuesta arriba pensar que la
inflación el año próximo pueda bajar.
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