El Gobierno anunció un aumento del 13% a partir del
1ro de marzo para las jubilaciones y pensiones mínimas y los programas
sociales, algo superior al 11.6% que hubiera correspondido según la suspendida
Ley de Movilidad Jubilatoria. Para el resto, las subas serán menores que bajo la fórmula anterior y
decrecientes para los mayores haberes. En Argentina hay 6.85 millones de
jubilados y pensionados, de los cuales 4.4 millones (el 65% del total) cobran
el haber mínimo, que a partir de marzo será de 15,892 pesos mensuales.
El ahorro fiscal respecto a la vieja ley será de unos
AR$ 8 mil millones en el segundo trimestre (0.025% del PBI). Si bien el gasto por jubilaciones y pensiones
será unos AR$ 10 mil millones más bajo, el gasto en programas sociales (AUH,
pensiones no contributivas, etc.) será unos AR$ 2 mil millones mayor que bajo
la vieja ley. Anualizado ese ahorro
equivale al 0.1% del PBI. No obstante, es aventurado extrapolarlo a todo el
año, en tanto la ley de Emergencia Económica establece que las actualizaciones
por decreto se realizarán por plazo máximo de 180 días y que luego se aplicará
una nueva ley de movilidad votada por el Congreso de la Nación. A su vez, si
además se incluyen los bonos de 5,000 pesos ya otorgados, el ahorro trimestral
se reduce a AR$ 5,000 millones.
La decisión de "achatar" la pirámide
jubilatoria fue justificada desde la equidad, aunque esto es controversial. Primero, porque no todos quienes cobran la
mínima son sectores de bajos ingresos (se estima un tercio son segmentos medios
altos y altos), en realidad mayormente son personas que nunca aportaron y
lograron jubilarse mediante las moratorias. Segundo, porque perjudica a quienes
más aportaron durante su vida laboral.
El ahorro fiscal de este cambio en la movilidad
jubilatoria es mínimo y no cambiará la realidad de los últimos años. El déficit previsional (ANSES) en los
últimos años se mantuvo en torno al 1.5% del PBI, lo que implica que la
reducción del déficit primario de más de 3 puntos del PBI entre 2017 y 2019
recayó sobre el Tesoro, exclusivamente.
La cobertura
universal choca contra la alta informalidad laboral. La sustentabilidad fiscal requiere una reforma previsional en serio.
El anuncio de una reforma al régimen especial para magistrados y cancillería es
una señal en la dirección correcta, aunque no dejaría de ser cosmética en tanto
su alcance también es mínimo.
En definitiva, al
igual que sucedió a fines de 2017 cuando se discutió el anterior cambio en la
fórmula de ajuste, siguen sin abordarse
los aspectos de fondo, que hacen a la sustentabilidad del sistema previsional.
Aunque el FMI seguramente pondrá el foco sobre el sistema previsional.
¿Qué aspectos deberían discutirse? En primer lugar,
las asimetrías y armonizar el régimen. En la actualidad, cerca de dos tercios de los
jubilados accedieron mediante moratorias y regímenes especiales. Estos últimos
establecen reglas en algunos casos sumamente favorables para ciertos grupos de
trabajadores (asimetrías que también alcanzan a las cajas provinciales). En segundo lugar, la forma en que se
calcula el haber inicial (actualmente se toma el promedio de los últimos 10
años de salarios como referencia, cuando en otros países se toman hasta 30
años). En tercer lugar, limitar la doble
cobertura. En cuarto lugar, armonizar y potencialmente elevar las edades de
retiro. En quinto lugar, diseñar un sistema que premie a quienes aportan, lo
contrario a lo que ocurre actualmente. La discriminación debe ser a favor y
no en contra de quienes aportaron. Esto debería ayudar a reducir la informalidad
laboral.
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