El gobierno de Jair Bolsonaro transita un período de luna de miel con
los mercados pero tiene que hacer “delivery” y avanzar de manera concreta en
las reformas económicas prometidas. La más importante según nuestra visión es
la reforma del sistema previsional. No introducir cambios en ese frente
impactará en un mayor déficit fiscal a futuro, lo que amenaza la
sustentabilidad de la deuda. En 2018 Brasil registró un déficit primario de
1.6% del PBI y un déficit total de 7.0% por la carga de intereses, en tanto la
deuda pública bruta rondó el 78% del PBI y la deuda neta el 55%.
En Argentina, la
Ley de Reparación Histórica creó el Consejo de Sustentabilidad Previsional y le
encargó la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen
previsional para su consideración por parte del Congreso. El Consejo tiene un plazo de 3 años desde la sanción de la ley para
cumplir con su cometido. Difícilmente se reúna antes de noviembre, pero lo que
se resuelva en estas semanas en Brasil probablemente condicione el futuro de
nuestro sistema previsional.
Actualmente, en
Brasil existen dos grandes sistemas previsionales: el régimen general de la previdencia
social (RGPS), para trabajadores del sector privado, y los regímenes propios de
previdencia social (RPPS), para empleados públicos y militares.
El RGPS atiende a
más de 30 millones de personas y no cuenta con una edad mínima para el retiro.
Los hombres se jubilan con 35 años de contribuciones y las mujeres, con 30 años
de aportes. En promedio, los hombres brasileños se jubilan a los 56 años y las
mujeres, a los 53. En caso de no haber realizado contribuciones al sistema, se
prevé la jubilación a los 65 años de edad para los hombres y a los 60 años para
las mujeres, con un beneficio básico que no puede ser menor al salario mínimo.
En los RPPS, con
casi cuatro millones de beneficiarios a quienes se los considera
"privilegiados", la edad mínima para jubilarse es de 55 años en el
caso de los hombres y de 50 años para el caso de las mujeres, con aportes
obligatorios por 35 y 30 años respectivamente.
Las principales medidas incluidas en el proyecto de ley de reforma
actualmente en discusión son la introducción
de un período de transición de 12 años en el que se implementa una edad mínima
jubilatoria de 62 años para las mujeres y 65 años para los hombres y la
implementación de igualdad de reglas de retiro para empleados del sector
público y sector privado.
Factores demográficos (como el envejecimiento poblacional) y el
otorgamiento de beneficios por encima de los recursos del sistema han provocado
un déficit en el sistema jubilatorio cercano a los 4.3 puntos porcentuales del
PBI, tema que justamente intenta corregir la reforma planteada. Las similitudes
con el caso argentino son notables.
La meta del gobierno brasileño es lograr un ahorro fiscal de unos USD
265 mil millones a lo largo de la próxima década. Esta cifra representa cerca
del 13% del PBI brasileño. Sin embargo, la naturaleza
gradual del ajuste implicaría muy probablemente un impacto menor. Como ejemplo,
Banco Itaú pronostica una mejora fiscal de 1.4 puntos hacia el año 2027, pero
esa cifra depende de la fecha de implementación de los cambios.
Por tratarse de una enmienda de tipo constitucional, la principal
complicación para Bolsonaro es que requiere una aprobación en cada cámara con
3/5 de los votos de diputados y de senadores. No está para nada claro que el oficialismo
haya podido tejer las alianzas para alcanzar esos votos y es probable que
encuentre resistencia de los partidos.
La importancia de este asunto es doble para Argentina. Primero, porque
el mayor crecimiento económico de Brasil -para lo cual la reforma parece un
hito necesario- representa crecimiento extra para nosotros. Históricamente, por cada punto de PBI de crecimiento en Brasil,
Argentina crece 0.25 puntos adicionales. Segundo,
y más importante aún, porque la aprobación de una reforma de este estilo en
Brasil puede inspirar a nuestros legisladores y a la sociedad a avanzar en la
misma dirección.
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