El déficit del sistema previsional actualmente ronda
el 2.5% del PBI. Es decir, representa gran parte del déficit fiscal. Sin mediar
cambios ni reformas, el déficit previsional en los próximos años tenderá a
crecer, presionando sobre el resto de las cuentas
fiscales.
Son varias las razones. En
primer lugar, ANSES le seguirá
devolviendo lentamente una parte de sus ingresos a las provincias. Además, la cantidad de jubilados seguirá creciendo
más rápido que la población en condiciones de trabajar. Por último, y especialmente, las jubilaciones seguirán
creciendo en términos reales, de la mano del aún en marcha Programa de
Reparación Histórica y del crecimiento económico.
Detrás de este último punto, se encuentra la Ley de
Movilidad Jubilatoria y que estipula que todas las
prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) ajusten sus
beneficios a partir de un promedio entre: 1) las variaciones en los recursos
tributarios del SIPA y 2) la mayor variación que arrojen dos índices de
salarios (salarios generales del INDEC o el RIPTE de los aportantes al SIPA). Tanto 1) como 2) suelen crecer unos puntos por
encima de la inflación, sobre todo cuando los salarios reales y el empleo crecen.
Los haberes jubilatorios en otros países del mundo se
ajustan según la inflación. Aquí se recayó en esta excentricidad porque cuando
se promulgó la Ley, a fines de 2008, el IPC oficial ya estaba siendo manipulado
y arrojaba variaciones muy inferiores a la inflación verdadera.
La actual Ley de Movilidad Jubilatoria es una fuente
de presión sobre las cuentas fiscales y las necesidades de financiamiento. El
costo fiscal de esta fórmula de ajuste es cercano a 0.2% del PBI este año, en tanto las jubilaciones por la Ley de Movilidad crecerán cerca
del 29% anual en promedio en 2017 (frente a una inflación promedio de 26%).
Mientras no se cambie la fórmula, el nuevo ajuste se hará sobre una base que ya
incluye ese costo, con lo cual su tamaño irá creciendo en el tiempo.
Esta discusión se da en el contexto de un sistema
previsional que tiene un déficit estructural. Los aportes y contribuciones (6%
del PBI) están lejos de poder financiar las jubilaciones y pensiones (9% del
PBI) en Argentina. Si bien ANSES además recibe una
parte de los impuestos nacionales, también debe ocuparse de la asistencia
social, mediante asignaciones familiares, universales por hijo, pensiones no
contributivas, etc. Con todo, ANSES este año tendrá un déficit cercano a 2.5%
del PBI, que es cubierto con aportes del Tesoro. El déficit primario del Gobierno Nacional, cercano a 4.0% del PBI este
año, es entonces en gran medida el déficit del sistema previsional.
El déficit
estructural del sistema previsional argentino obedece a múltiples factores,
aunque varios se resumen en el ratio de
cobertura de trabajadores o asalariados aportantes al sistema (9.4 millones) en
relación a los jubilados y pensionados o beneficiarios del sistema (6.7
millones). Esta relación es de 1.4 y sustancialmente inferior a otros países. En
EEUU, por ejemplo, es cercana a 3.0, mientras que en Brasil, que ya está
discutiendo su reforma previsional, es de 1.8.
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